Llamamiento estatal contra el abandono sanitario de los mayores en residencias

En 2020 nos cerraron las puertas de los hospitales
En 2024 nos niegan la asistencia sanitaria

Cuatro años después de la hecatombe de las residencias, con más de 35.000 ancianos fallecidos, y tras un cierre de filas entre todos los partidos políticos, asistimos ahora a una nueva pérdida de derechos de las personas residenciadas dependientes.

Es cierto que los y las personas que viven en residencias mantienen formalmente los mismos derechos sanitarios que las personas que viven en sus domicilios, y por lo tanto el acceso a atención primaria, a la hospitalaria, a las urgencias y al sistema de farmacia. Sin embargo, las Comunidades Autónomas han ido legislando durante estos años la obligatoriedad de que las residencias dispongan de recursos médicos y sanitarios complementarios a la asistencia pública, debido a la tipología de los internos, sus patologías, y sus grados de dependencia, que las convierten en centros especiales en los que son necesarios sanitarios de forma continuada. Sin embargo, esas normas son incumplidas por las propias administraciones en todas las CCAA.
Somos conscientes de que, en la situación actual de colapso de la atención primaria, cuando se están produciendo (por falta de disponibilidad de profesionales), cierres de consultorios en zonas rurales y urbanas, pretender que la Atención Primaria asuma en exclusiva la atención de los miles de residentes dependientes (en la actualidad cerca de 400.000 personas residen en centros de mayores) es irreal. Sin un incremento muy importante de recursos en la Atención Primaria (tal como se propuso en una ILP 1 que no prosperó), no es posible asumir dicha asistencia, de forma que excepto honrosas excepciones, la realidad es la ausencia de un servicio asistencial de calidad y de seguimiento de patologías crónicas, lo que está produciendo una masacre diferida de los residentes más dependientes por esa falta de atención.
Esta ausencia de profesionales no se debe a que no existan (estamos formando más médicos que nunca) sino a los bajos salarios y las penosas condiciones que las residencias ofrecen a estos profesionales. Las diferencias retributivas mensuales respecto a cualquier servicio autonómico de salud pueden ir desde 400 a 700 euros al mes, lo que explica la falta de disponibilidad de los profesionales sanitarios para trabajar en residencias.
Esta situación ratifica vergonzosamente la ley de Cuidados Inversos, ya que la desasistencia sanitaria y la falta de una buena atención médica se corresponde inversamente con las necesidades de la población asistida. Actualmente en Atención Primaria se prioriza la asistencia a colectivos con muchas menos necesidades, desde el “programa del niño sano”, hasta “urgencias inconsistentes”, burocracias de diferentes tipos, o programas de detección precoz de dudosa eficacia sanitaria y social. El modelo actual privilegia por tanto a sectores sin necesidades relevantes, mientras que margina a los que la sociedad invisibiliza, desde los residentes dependientes, hasta los inmigrantes excluidos.
Hace unos meses, el Ministerio de Derechos Sociales presentó el primer censo de centros residenciales en el Estado, censo que según sus palabras "... representa un paso más para mejorar las políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales". Sin embargo, echamos en falta la más mínima referencia a la situación de la atención sanitaria en dichos centros, cuando se reconoce que “el 75% de los residentes en centros de personas mayores tiene 80 o más años” (alrededor de 300.000 personas), así como a la inexistencia de mecanismos de participación de los internos y sus familiares en la gestión de los centros.

Ante esta conculcación del derecho a la salud, ni el gobierno central, ni los autonómicos están haciendo absolutamente nada. Incluso, hay CCAA que, ante las multas propuestas por sus propios Servicios de Inspección, por el incumplimiento de sus propias normativas en materia de cobertura de personal sanitario (insistimos, debido a las deficientes condiciones laborales y los escasos salarios), han anunciado la supresión de las penalizaciones por los citados incumplimientos. Otras, han ido más allá, aprobando normas que eximen en la práctica a las residencias de la obligatoriedad de disponer de recursos médicos y sanitarios propios (traspasando en exclusiva la responsabilidad de la atención de los internos a los servicios públicos de salud), y derogando sus propias normas previas, que aunque incumplían, establecían ciertas ratios de profesionales médicos y sanitarios. Propuesta similar a la de un reconocido estadista para acabar con los incendios: talar los bosques.

En definitiva, hoy, cuatro años después de la pandemia Covid y de la aprobación por el Parlamento del Plan de Reconstrucción del SNS, los sistemas sanitarios públicos continúan su camino hacia modelos de beneficencia, con cifras récord de listas de espera, abandono de profesionales, cierre de servicios y centros, mientras la patronal privada abre nuevos centros, los seguros privados escalan y las personas más dependientes en esta sociedad, quizás las que más han aportado con su trabajo para la construcción de los sistemas de protección social, están siendo excluidas de lo que más necesitan: el acceso a una asistencia sanitaria básica.

Es necesario reivindicar un espacio sociosanitario digno que atienda las necesidades de salud de las personas que precisen vivir en residencias y establecer estándares y ratios asistenciales eficientes y equitativos. Es imprescindible planificar las necesidades sanitarias de un sector de población con cada vez más peso demográfico para el que si no se establecen medidas urgentes, la desatención y la negligencia supondrán una nueva masacre, esta vez totalmente previsible.

Septiembre de 2024

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